Tras el golpe de estado del presidente Augusto B. Leguía en 1919, se inauguró un proceso donde la modernización del país no pudo desligarse de la participación de nuevos actores políticos (como el APRA y el Partido Comunista) y sociales, así como de un nuevo predominio de las dictaduras militares. La apertura del país al capital extranjero permitió financiar ambiciosas reformas en los sectores productivos. Los sectores intelectuales no se mantuvieron al margen y debatieron intensamente desde las alas del indigenismo y el hispanismo sobre las mejores formas de integrar a la población indígena a la sociedad peruana. Gracias al dinero procedente de préstamos, convenios y algunos momentos de bonanza económica suscitados en el período entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la educación pública encontró un punto de apoyo importante.
La concepción de la escuela
Con el inicio de la segunda presidencia de Leguía, parte de los esfuerzos promovidos por los civilistas vieron su culminación en la Ley Orgánica de Enseñanza de 1920, un instrumento legal que reflejó la visión educativa centralista y altamente burocrática que fue motivo de discusión en los años precedentes (González, 2013).
Durante estos años la educación indígena adquirió relevancia con la creación del Patronato de la Raza Indígena en 1922 por el gobierno de Leguía, manifestando una intención inclusiva mayor a la de años anteriores. Esta inclusión se expresó en la Ley Orgánica de Educación Pública N° 9359 de 1941, con artículos dedicados a las escuelas rurales y con un enfoque centrado en la castellanización del alumnado.
La expansión escolar estuvo acompañada por la creación de cinco tipos de escuelas, que respondieron a tipos de población. Así, la escuela es entendida como un centro que debía educar para estrechar la relación entre esta y la comunidad, con el objetivo de iniciar un proceso de tecnificación y de expansión de la educación primaria (Alejos, 2014; Choquehuanca, 2022).
Además, no se puede dejar de lado los problemas planteados por José Carlos Mariátegui, quien enfatiza la ausencia de un espíritu nacional en la educación peruana, debido a la herencia colonial en nuestro sistema educativo, lo cual quiere decir que no existió un quiebre con el modelo anterior que permitiese el desarrollo de un “ser peruano”. Para entender más los postulados de Mariátegui, se debe tener claro que él comprendió la educación como una cuestión ligada al régimen económico y social, por lo que, si los privilegios sociales se reproducían, lo mismo sucedería en la educación (Cabrera, 2012; Iño, 2015).
La gestión de las escuelas
Con la llegada de Leguía, se priorizó el énfasis pragmático en la instrucción que, durante años, fue respaldado por pensadores positivistas como Manuel Vicente Villarán, así como una mayor dependencia en la influencia norteamericana para el diseño de la educación pública. Se contrató a 30 pedagogos norteamericanos bajo la dirección del Dr. Henry Bard, quienes laboraron directamente en el Ministerio de Instrucción hasta la emisión de la Ley Orgánica de Enseñanza de 1924.
Durante estos años, la calidad de los “preceptores”-otra forma de nombrar a los docentes- también vino en declive, ya que, si bien se buscó descentralizar las Escuelas Normales en 1928 hacia ciertas capitales departamentales, no necesariamente significó mantener la calidad con la que se inició durante el gobierno civilista.
La gestión educativa en este periodo dio un giro importante con la creación del Ministerio de Educación en 1935 con la Ley N° 8124. Años después, en 1941, con la Ley Orgánica de la Educación Pública N° 9359 se creó una entidad central en la organización del sistema educativo estatal: el Consejo Nacional de la Educación. Por otro lado, esta ley fue más allá y estableció las responsabilidades de los directores, profesores, del personal administrativo, pero, sobre todo dedicó diversos capítulos a los bienes escolares, su administración y al presupuesto.
Quiénes estudiaban
Es de notar que el crecimiento de niños en edad escolar durante las primeras décadas del siglo XX fue bastante modesto. Entre 1902 y 1940, el porcentaje de niños entre 6 y 14 años solo creció del 29% al 35%, manteniendo un progreso bastante bajo en departamentos donde se habían logrado incrementos importantes. En el Sur, Puno tuvo la peor cobertura durante este período, donde incluso se retrocedió de 14% hasta el 11,8%. Otros casos también resultaron llamativos, como el de Cusco, donde se mantuvo el porcentaje con 18,5% en 38 años. Así, diez departamentos en los Andes tenían un promedio de participación escolar de este grupo de niños de 24% en 1940, un ligero crecimiento en comparación con el 21% de 1902, algo que distaba del rendimiento de los departamentos en la Costa, donde se pasó del 37% al 49% (Contreras, 2014).
Fuentes primarias
- Asamblea Nacional. (1920). Constitución para la República del Perú.
- Congreso Constituyente de 1931. (1933). Constitución Política del Perú.
- Ley N 4923. Organización del Consejo Nacional de Enseñanza (1924)
- Ley N° 8124. Ley de Creación del Ministerio de Educación Pública (1935)
- Ley N° 9359. Ley Orgánica de la Educación Pública (1941)
- Ministerio de Hacienda (1942). Estado de la instrucción en el Perú según el censo nacional de 1940.
- Osores, A. (1919). Memoria de Ministro de Instrucción Culto y Beneficencia.
- Giesecke, A. (1925). Memoria que presenta al Sr. Ministro de Instrucción el Director General de Enseñanza, Dr. Alberto Giesecke, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 15 del artículo 24 de la Ley Orgánica de Enseñanza de 1924. Editorial Garcilaso.
- Instituto Psicopedagógico Nacional (1942). Boletín, no. 1. Apartado N° 636.
Referencias
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