Este es un periodo crítico que se inicia con el llamado “autogolpe” dado en 1992 por el Presidente Alberto Fujimori, ex docente de una universidad pública en Lima, quien había asumido desde 1990 un país con hiperinflación, reducción de recursos públicos, violencia terrorista y amplio descontento social. Con la reestructuración de la economía se promovió el sector privado, así como una reducción y menor regulación del Estado. Esto se reflejó en el sector educativo con el progresivo crecimiento de la educación privada. En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, la captura de los dirigentes de Sendero Luminoso y del MRTA permitió al país transitar a una etapa de reducción de la violencia y a una paulatina recuperación económica. Los problemas crecientes de corrupción desde el Estado y signos de autoritarismo del régimen fueron alimentando el descontento y la movilización de diversos sectores de la sociedad.

La concepción de la escuela

La Constitución de 1993 generó un debate sobre cómo debe ser concebida la educación en la sociedad peruana. Por un lado, se logra avanzar en un enfoque de universalización de la educación básica, para que esta incluya la obligatoriedad, no solo de la educación primaria como era antes, sino también de la educación inicial y secundaria. Por otro lado, se discute sobre la consideración de la educación como un derecho humano que debe ser garantizado por parte del Estado. Para un sector esto queda limitado respecto a lo formulado de manera más explícita como en la Constitución de 1979 (Bello, 2023). Otro tema controversial que mostraba diferentes posicionamientos sobre la forma de concebir la educación estaba alrededor la participación de la iniciativa privada, prevaleciendo el enfoque que legitima su mayor presencia en el sector (McLauchlan, 1994).

Además de estos discursos, también en esta etapa fue insertándose el llamado “nuevo enfoque pedagógico” desde las políticas del Ministerio de Educación, basado en el constructivismo y que fue el marco conceptual clave para emprender los cambios curriculares en la educación básica y los procesos de capacitación docente a nivel nacional, acompañado de una concepción más flexible que permita al docente el diversificar los contenidos curriculares de acuerdo con cada contexto educativo (Ames, 2004).

La gestión de las escuelas

Fue en 1996, iniciado el segundo gobierno de Alberto Fujimori, que se estableció la liberalización del mercado educativo, por medio de la promulgación del Decreto Legislativo 882, el cual impulsó la inversión privada con fines de lucro por medio de beneficios tributarios y una baja regulación estatal. Desde entonces, la oferta del servicio educativo privado creció, particularmente en la capital del país y con tendencias diferentes en los departamentos, con mayor notoriedad después del año 2000. La participación privada en la educación básica en Lima Metropolitana pasó del 29% en el año 2004 al 50% en 2014 (Fontdevila et. al, 2018). Definitivamente, en este periodo quedaron instaladas las normas y políticas fundamentales para la expansión matricular escolar en este sector con escuelas privadas sobre todo de bajo costo.  

Igualmente, en el año 1996, se crea el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Peruana (MECEP), cofinanciado por el Banco Mundial y luego por el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido a las escuelas de educación básica con el objetivo de alcanzar la modernización curricular, la dotación de material educativo y mobiliario escolar, la capacitación docente, la modernización de la gestión educativa, la medición de la calidad educativa y la construcción y rehabilitación de infraestructura escolar. Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación inicia el Plan Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, orientado hacia la población escolar vernaculohablante.

Otra característica en el segundo quinquenio del gobierno de Fujimori fue el énfasis en una política de construcción de infraestructura educativa; así, entre 1995-1997, se construyeron 1500 colegios y 13000 aulas, aunque esto no cubrió totalmente la demanda existente (Tovar, 1997).

Anuncio de construcción de centros educativos en el diario oficial del gobierno.
Fuente: Biblioteca Nacional del Perú BNP / Hemeroteca.  El Peruano, 26 diciembre 1995

El incremento del gasto público del Estado Peruano puede mostrarse en la proporción destinada a la inversión por estudiante. De esta manera, puede verse que entre 1990-1996, el gasto se duplicó respecto al final del gobierno anterior de Alan García, pasando de 71 dólares a 131 dólares mensuales. Sin embargo, esta cifra dista del gasto de otros países de la región latinoamericana, quienes invierten al menos el doble como mínimo. Por otro lado, esto resulta mucho menor si se considera en relación con la división geográfica interna, donde 11 de los 24 departamentos tuvieron una inversión por debajo de la media nacional (Tovar, 1997).

Quiénes estudiaban

Para 1997, poco más de 6 millones de peruanos estaban en edad de asistir a la escuela, con cerca del 92% matriculados en el año escolar, lo que se complementa con la información provista por el Censo Nacional de 1993, el cual señala que el 87% de niños y niñas llevan instrucción primaria, y el 74% de adolescentes recibe educación secundaria. Sin embargo, el factor geográfico sigue revelando las profundas diferencias en la accesibilidad a los servicios educativos. Los departamentos de la Selva y del Sur Andino tienen porcentajes de escolaridad que están muy por debajo de la media nacional; en lugares como Ayacucho, Cajamarca y San Martín, 18 de cada 100 niños no asisten a la escuela. Por otro lado, el factor de género complementa este panorama, al quedar evidenciado que, debido a la primacía de un rol tradicional de la mujer circunscrito al trabajo doméstico, el 24% de niñas no acceden a la escuela, siendo el grupo más excluido del total, particularmente en la Sierra (Tovar, 1997).

Fuentes primarias

Referencias